EL PATÍBULO EN LUGO. EL CRIMEN DE RUGANDO

 JOSÉ LOSADA


El Imparcial, diario liberal fundado por  D. Eduardo Gasset y Artime, publicaba en su edición correspondiente al lunes 31 de octubre de 1904 una noticia que, bajo el titular  “BÁRBARO ATENTADO. Un hombre quemado vivo”, daba cuenta de un suceso ocurrido en el distrito  de Quiroga (Lugo). Cuatro hombres enmascarados y armados con cuchillos, hachas y revólveres asaltaron la Herrería de Rugando venciendo fuerte resistencia y, ya en el interior, sometieron a su dueño, Vicente López, a cruentos martirios para que les dijese dónde tenía escondido el dinero, terminando por amontonar haces de paja y prenderles fuego para quemarle vivo. Una vez consumada su acción, obligaron al sobrino de la víctima a que les diera de comer y beber en abundancia mientras ellos hacían bromas sobre lo que había pasado. El infortunado señor López falleció días después como consecuencia de las graves quemaduras sufridas.  La noticia termina haciéndose eco de la profunda impresión que el suceso causó en la comarca e informando que todo lo que los ladrones consiguieron llevarse fueron 250 pesetas.

Una semana después el mismo diario  comunica a sus lectores que el capitán de la cuadrilla, Pedro Núñez Varela, vecino de Nanes (Orense) había sido capturado por la Guardia Civil, lo mismo que  José y Miguel González, vecinos respectivamente de Seoane y Caurel, a los que se consideraba cómplices del crimen.
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De otros periódicos de la época, como El Áncora, diario católico de Pontevedra, o El Correo de Galicia obtenemos detalles más concretos, como el que sitúa la herrería en las cercanías del pueblo de Villamiel, que el citado Núñez Varela era vecino de Mones, en la comarca de Valdeorras, que los cómplices lo eran de Seoane de Caurel y que los tres detenidos, lo mismo que otras dos personas que lo habían sido poco después de los hechos, habían ingresado en la cárcel de Quiroga. El Regional, por su parte, indica que un tío del difunto, dueño de otra herrería en Rudela, también perteneciente al partido de Quiroga, había sido sometido a idéntico ataque por otra cuadrilla de malhechores. Y, por si la ruindad de los autores no había quedado debidamente plasmada, añade que los de Rugando, antes de abandonar el lugar, dijeron al sobrino del dueño: “Quiera Dios que usted disfrute del dinero que veníamos a buscar”.

Más adelante, con ocasión del juicio, se ofrecerán otros detalles de lo que ocurrió en el interior de la herrería. El suceso puso en marcha la maquinaria policial, encarnada en aquel tiempo y lugar por la Guardia Civil, que realizó amplias gestiones en las zonas de Valdeorras y Piedrafita. Así, se procedió a la detención de Raimundo Raposo Marcos, de 24 años, natural  y vecino de Trabazos (Piedrafita), al que se relacionaba con el crimen y se le ocupó un machete de 75 centímetros. También se detuvo en Cangas de Onís a Jesús Conde Pereira, natural  de Barbantes (Orense), de 35 años y minero de  oficio. Al detenido se le ocuparon  un cuchillo de grandes dimensiones y útiles para cometer robos.  No crea el lector que quiero cansarle con el resultado de las pesquisas, pues desde este momento le planteo dos preguntas: ¿cuántos de los detenidos llegarán a ser juzgados, cuatro, tres, dos… uno? ¿Es posible que haya más implicados, cuando desde el primer momento se indica que los autores fueron cuatro o cinco?

 Por cierto, el mismo diario que da la noticia de la detención   de Jesús Conde (La Correspondencia Gallega del 13 de junio de 1905) nos ofrece otra que no me resisto a comentar porque  afecta a uno de los personajes que desempeñarán un papel importante en esta historia y porque, en estos tiempos de moneda única, dinero de plástico y compras por internet, nos sirve para comprender la magnitud del robo. En efecto, por entonces la  historia de España estuvo a punto de sufrir un vuelco (nunca mejor dicho) porque el Rey D. Alfonso, que regresaba de Pamplona en automóvil con unos amigos, sufrió un desagradable incidente al chocar con un burro que estaba en la carretera y de cuya presencia no se percataron debido al horario nocturno en el que tuvo lugar.  

Uno de los implicados falleció y su dueño fue gratificado por el otro con 100 pesetas. Si siguen leyendo hasta el final, sabrán cuál de los dos sobrevivió.

La repercusión en la prensa del asunto no debe inducirnos a creer que los delitos violentos no abundaban en la época. Sin ir más lejos, el diario El Imparcial, junto a la noticia del  suceso que comentamos, informaba bajo el título “Cobarde asesinato” del fallecimiento de infortunado Bernardo Rodríguez, asturiano de Villaviciosa  que sostenía relaciones con Cándida Rubiera, joven huérfana de intachable conducta,  en las que terciaba un tal Roque Castellano. Los dos hombres tuvieron una reyerta  en una fiesta de San Juan. A los pocos días, cuando Bernardo volvía de su trabajo en la fábrica de cerveza fue acometido por cuatro hombres, y aunque intentó defenderse, murió acuchillado por la espalda. 

El fenómeno no era exclusivo de España; por entonces, en Paris imperaban los Apaches, delincuentes violentos que llegaron a marcar tendencia estética e inspirar bailes. En el nº 148 de la revista Historia National Geographic aparece un artículo titulado: “Los apaches de París: bandidos de la periferia” por el que sabemos que el 14 de agosto de 1904 una batalla campal entre policías y apaches paralizó la ciudad durante horas.

Lo que hacía especial el suceso de Rugando era el empleo del fuego como instrumento de tortura. Aunque la acción transcurre  mucho antes, a mediados del siglo XIX, encontramos un suceso de ficción bastante similar en la novela “Morning Star” de Xosé Miranda. 

En ese caso, lo asaltantes se sirven de los instrumentos para la matanza del cerdo para torturar a un sacerdote con ocasión del asalto a la casa rectoral. No olvidemos que los haces de paja encendidos se empleaban para quemar el pelo del cerdo una vez muerto.

E. Pardo Bazán

En el nº 1.194 de la revista “La Ilustración Artística” Emilia Pardo Bazán se hizo eco de las primeras noticias sobre el crimen de Rugando en un artículo titulado “La vida contemporánea”. Lo relaciona con los “chauffeurs”, banda que actuó durante la revolución francesa y que “iban de castillo en castillo y de alquería en alquería, sorprendían a los dueños, les amarraban a la lumbre, y tostándoles lentamente las carnes, les obligaban a confesar dónde ocultaban el dinero. Si no lo ocultaban en ninguna parte, acababan de asarlos, y después de comer y beber a su talante, saqueando la vivienda, se retiraban, dejando la casa devastada y a su dueño entre las ansias de la cruel agonía”. Tras aportar los mismos datos que aparecían en la prensa cuando ocurrieron los hechos, la señora condesa se aventura por los caminos de la crítica sarcástica; y, así, tras poner en duda que se llegase a juzgar a los autores (porque iban enmascarados, “por las mil razones que suelen concurrir a que rara vez se les eche el guante a los criminales” o si no se evaden de la cárceles), asegura que sus abogados, “tomando por las hojas una vez más ese rábano de la antropología (que ya debe estar deshojado, según lo manejan, soban y aporrean nuestros impresionistas)” alegarán una serie   de razones, a cada cual más descabellada: que tenían las orejas en forma de plato, que sus padres se embriagaban, que estaban locos porque se disfrazaban fuera del tiempo de Carnaval, que actuaron impelidos por fuerza irresistible  para conseguir un dinero que el “tostado” tenía obligación de entregar. Para terminar, la insigne novelista vaticina: “Sigamos  apostando a que no solo hay abogados que empleen tales recursos, sino que hacen impresión profunda en el Jurado, el cual a lo sumo, y solo por enseñarles a los calentadores que no es prudente jugar con fuego, les impondrá una penalidad leve, esperando confiadamente que al cumplirla ya habrán renunciado al sport de tostar personas, vicio feo del que hay que huir, oh Timoteo”.  Pronto sabremos si la señora condesa acertó en sus predicciones o si, por el contrario, sus sarcasmos  resultaron absolutamente errados.

C. Lombroso

Se aludía, sin nombrarlos, a los seguidores de la Antropología Criminal cuyo más famoso exponente es Cesare Lombroso (1835-1909), autor de “El hombre delincuente”, obra de gran difusión en la que expuso sus teorías sobre el criminal nato. Para el autor italiano, en algunas personas se conservan rasgos atávicos del hombre primitivo que lo determinan irremisiblemente hacia el delito. De sus estudios sobre delincuentes vivos y cadáveres extrajo conclusiones acerca de ciertos rasgos fisionómicos que, según él, eran característicos de delincuente: orejas en forma de asa, foseta occipital mediana más pronunciada … 

Rafael Salillas

Tuvo sus seguidores en España, de los que destaca Rafael Salillas, que en 1888 pronunció en el Ateneo de Madrid una conferencia titulada “La Antropología en el Derecho Penal”. Al amparo de la cátedra de Filosofía del Derecho dirigida por Giner de los Ríos, creó el Laboratorio Criminología y organizó la “Revista de Antropología Criminal y Ciencias Médico Legales” que se publicó entre 1888 y 1909. Son destacables sus estudios sobre la novela picaresca española del Siglo de Oro, buscando en las obras, entre otros, de Mateo Alemán y Quevedo los factores biológicos y sociales de la delincuencia. Falleció en 1923. Tuvo seguidores en varias universidades. Dejo constancia de los títulos de dos obras de uno de ellos, José Joaquín Arráez y Carrias: “La oreja en los delincuentes andaluces” y “La piel y el sistema piloso en los delincuentes andaluces” (estos datos los he tomado del artículo “La antropología criminal española  de fin de siglo” de Andrés Galera, disponible en internet).

Creo que el fenómeno de la delincuencia violenta y la súbita e inesperada ruptura del orden social que conlleva ha preocupado    desde la antigüedad al ser humano, que ha intentado buscarle  explicaciones y, sobre todo, predecirlo y prevenirlo. El reverso de las teorías de Lombroso es que, una vez identificado el hombre delincuente, lo procedente para evitar males a la sociedad  es confinarlo a perpetuidad en un lugar en el que su peligro quede neutralizado o, ¿por qué no?,  eliminarlo.  Esa suerte de “cirugía social”, que extirpa el problema y no soluciona, encierra grandes dosis de miedo e incompetencia para resolverlo.

Antes de continuar con el relato del crimen que da título a esta entrada, situaré el lugar de los hechos. Se trataba de una instalación metalúrgica  situada en el municipio de Quiroga, provincia de Lugo. Ánxel Fole, cuando describe la Tierra del Caurel en su libro “Á lus do candil” alude a la abundancia de mineral de hierro en sus montes y a la existencia de varias herrerías, entre las que incluye la de Rugando. En la actualidad existe una casa de turismo rural en el mismo sitio que dispone de página en internet y en la que el lector interesado puede encontrar fotografías que dan idea de la amplitud de la casa y del agreste entorno en el que está situada e imaginarla hace más de cien años, convertida en un apetitoso objetivo para los amigos de lo ajeno.

Las siguientes noticias sobre el crimen de Rugando las encontré en la prensa gallega publicada en abril de 1906, cuando empezó el juicio en la Audiencia Provincial de Lugo. La primera sorpresa surge al leer el nombre de los acusados. Junto al ya conocido Pedro Núñez Varela aparecen Dimas Fernández, Juan José Arrojo, Manuel Valcárcel Gómez y Manuel Losada Rodríguez, alias “Salinas”. ¿Qué ha ocurrido con Raposo, Conde, los González y las otras personas de cuya detención habían dado cuenta los periódicos? Obviamente, habían quedado en libertad durante la instrucción ante la ausencia de indicios incriminatorios contra ellos. Tengo la impresión de que aprovechando el bárbaro suceso se intentó hacer una “limpieza” en las comarcas de Quiroga  y Valdeorras. Lo cierto es que fueron cinco los acusados y si  alguien cree que contra todos había pruebas concluyentes, la lectura de los párrafos siguientes le deparará una enorme sorpresa.

El caso fue juzgado  con arreglo a las disposiciones de la Ley del Jurado de 1870.  Lo presidía  D. Adolfo Rodríguez, comerciante, y el tribunal, el magistrado Sr. Escolano. Ejercía la acusación al fiscal Sr. Martínez y fueron abogados defensores los señores  Policarpo Tella, Benigno Varela y Tapia. En el último concurría la circunstancia añadida de ser el director del diario El Norte de Galicia. Gracias a las crónicas de este periódico y de El  Regional podemos reconstruir lo que ocurrió en la sala de vistas. Así, sabemos que la víctima tenía “setenta y tantos años” y que los autores, tras sorprenderlo en su dormitorio, lo llevaron por la fuerza a la cocina, donde   aplicaron sobre su cuerpo desnudo haces de paja encendidos y, como quiera que no conseguían que les dijese dónde tenía escondido  el dinero (la cantidad de mil reales les parecía poca cosa), dos componentes de la cuadrilla  lo agarraron respectivamente por la cabeza y por los pies, y lo pasaron varias veces por una hoguera que habían encendido en la bodega. Sabemos también que Nicolás López, sobrino del anterior, hizo frente a los asaltantes,  que éstos llegaron a dispararle, aunque solamente le causaron lesiones leves y que después de lesionar a su tío le obligaron a servirles comida y bebida, mientras se escuchaban los terribles gritos de dolor de aquél.

Además del interrogatorio de los acusados, que negaron toda participación en los hechos, declararon   testigos, entre otros,  tres guardias civiles, el ya citado Nicolás López, Francisco Pérez Vega y Nicanor Carballo. Llama la atención la declaración de estos dos últimos  porque su relación con los hechos se limitaba a que ocho años antes  habían comentado con Manuel Losada la posibilidad  de perpetrar un robo en la misma herrería. El acusado dijo que Carballo fue el que se lo propuso y que él se negó. Pérez aseguró  en un principio que “Salinas” fue el que se lo propuso, pero a instancias de su abogado defensor, D. Benigno Varela, se leyó su declaración sumarial, en la que manifestó que fue Carballo el que lo hizo.  A los ojos de un lector objetivo, esta circunstancia puede parecer irrelevante, pero seguidamente veremos que no fue así.

El sobrino de la víctima relató los hechos y dijo que, pese a ir enmascarados, por la voz, por el traje y “por otros detalles” conoció a los procesados Pedro Núñez y “Salinas”.   A preguntas de sus defensores aclaró que le parecía que eran ellos los que habían entrado en la herrería.

Al inicio de la segunda sesión del juicio el letrado señor Tella presentó escrito  en el que solicitaba una información suplementaria, lo cual fue denegado por el tribunal tras haber informado en contra el fiscal y el letrado señor Tapia. A continuación declararon testigos de la acusación y de la defensa que, según el cronista de El Regional, nada nuevo dicen.

Tras una interrupción para comer comienza la fase de informes, comenzando por fiscal, que retira la acusación contra Valcárcel (respecto al que ningún indicio consta en las reseñas del juicio), añadiendo que esto impedirá a la sala disfrutar del tono poético de su defensor,-el señor Tapia, director de  El Norte de Galicia-, quien  ingenuamente agradeció desde las páginas  del diario  el halago, sin preguntarse cómo era posible que su defendido hubiese llegado en calidad de acusado al acto del juicio. El representante del ministerio público no ahorró  detalles truculentos   y calificó a los procesados  de “representantes de la ferocidad humana”. Advirtió a los componentes del jurado de que un fallo absolutorio iría en contra de su honra y de su prestigio como buenos  y honrados ciudadanos.

Sin embargo, reconoce que el sumario estaba mal instruido y, respecto a Manuel Losada, que dudaba hasta el juicio que hubiese entrado en la casa,- no tuvo reparo en afirmar que incluso creía que el único testigo que lo inculpaba  (Nicanor Carballo) podría haber tenido alguna participación en los hechos-, pero que tras la declaración del sobrino de la víctima estaba convencido de ello. El alegato respecto a Pedro Núñez se resumía en dos circunstancias: que había dejado abandonada una corbata de su propiedad que le arrebató el sobrino y que no había podido explicar dónde pasó la noche del crimen. Por último, respecto a los otros dos acusados, Dimas y Arrojo, solicitó su condena con fundamento en que sus nombres habían sido pronunciados por el infortunado Vicente López mientras agonizaba.

El señor Tella, en defensa de  Pedro Núñez, Juan Arrojo y Dimas Fernández, abrió el turno de los letrados. En su alegato puso en evidencia los defectos de la instrucción: la única pieza de convicción del sumario era un machete que no había sido ocupado a ninguno de los acusados, sino a un individuo al  que en un principio la gente de Quiroga achacaba el crimen (¿el que portaba Raimundo Raposo cuando fue detenido?); se concedió plena veracidad a una comunicación de la Guardia Civil que daba cuenta de las palabras de una persona en estado de inconsciencia, y pone en duda que el sobrino de la víctima fuese herido de bala, tanto por la levedad de la lesión sufrida como porque la única   encontrada lo fue debajo de la cama del fallecido.

Sobre la acusación contra Núñez destacó que el propietario de las minas en las que trabajaba lo consideraba serio y honrado,  y que lo había enviado a buscar trabajadores a La Rúa durante los días en los que tuvo lugar  el delito, volviendo con normalidad a su trabajo. Se detuvo en la corbata encarnada  que uno de los malhechores dejó en la escena del crimen,  destacando que era de uso corriente, que varios testigos declararon que su defendido no usaba normalmente tal prenda y que la que tenía en era de un color más vivo.

La corbata roja no pasa de moda

En su turno, el letrado D. Benigno Varela Pérez hizo hincapié en la fragilidad del reconocimiento que de su defendido realizó el sobrino de la víctima (por la voz y el pelo), teniendo en cuenta que fue detenido más de seis meses después de los hechos y la dificultad de un reconocimiento pasado ese tiempo. También criticó duramente la instrucción del sumario, y destacó que en su primera declaración su defendido ofreció una coartada que no fue comprobada. Para terminar aventuró que si se hubiese practicado esa prueba, a lo mejor los procesados no hubiesen llegado a serlo y sí otros que, acaso, estaban mezclados entre el público “gozándose en su impunidad y en la tortura del Salinas”.

Terminados los informes de los letrados el presidente del Tribunal realizó un resumen de las pruebas tras el que jurado se retiró a deliberar. Después de tres cuartos de hora pronunció un veredicto de inocencia para Dimas y Arrojo, y  de culpabilidad para Núñez y Losada. Éste último causó una honda impresión entre el público porque consagraba la impunidad de dos, al menos, de los autores. A la vista del veredicto, el fiscal solicitó pena de muerte por garrote vil por un delito de robo con homicidio con las circunstancias agravantes de nocturnidad, despoblado, disfraz y cuadrilla. Cuenta el cronista que, al oír el fallo, Pedro Núñez sufrió un síncope tras proclamar a gritos su inocencia (fueron necesarias las atenciones de un médico presente en la sala para que recuperase la serenidad) y que Manuel Losada se echó a llorar. Para añadir más patetismo a la escena, el traslado hasta la prisión se realizó andando por la calle, donde se pudo ver al primero tambaleándose como si fuese bebido y a los dos, derramando abundantes lágrimas.

"Arrestado" de Mentessi

Dice el periodista de El Regional: “La impresión que el veredicto causó en el público justo es confesar que no pudo ser más desastrosa. Sin una prueba clara y precisa, pesa hoy sobre dos hombres, acaso inocentes, una pena tan horrible como es la pena de muerte”. Por su parte, El Norte de Galicia decía: “Ayer fue objeto de las conversaciones la sentencia terrible recaída en este proceso. Decíase que los dos condenados harían declaraciones sensacionales, pero es lo cierto que los desgraciados nada han dicho. Están apenadísimos. Tiene Salinas seis e hijos y mujer que viven casi en la miseria. Sigue protestando de su inocencia. El Pedro Núñez  también es casado y pobre”.

"Lacrime" de Mentessi

La sentencia  fue recurrida por los abogados defensores, cuya actuación profesional hasta el momento había sido ejemplar; y continuó siéndolo, como podrá comprobarse con la lectura de los párrafos siguientes. Llama la atención que uno de ellos, D. Benigno Varela, comparta nombre y primer apellido con quien fue Magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Si no fuese una coincidencia y se tratase de dos miembros de la misma saga de juristas, no dudaría en afirmar: “De tal palo, tal astilla”.

La interposición del recurso  para que la causa fuese conocida por el Tribunal Supremo hizo renacer nuevas esperanzas (el diario de Pontevedra La Correspondencia Gallega publicaba en su número del 15 de septiembre de 1906 que se esperaba que el Alto Tribunal acordaría que se repitiese el juicio) que fueron cortadas de raíz pocos días después, pues el mismo periódico anunciaba la confirmación de la sentencia y, con ella, la pérdida de esperanza de los procesados.

En efecto, el recurso de casación fue resuelto en sentencia de 3 de septiembre de 1906, de la que fue ponente el magistrado Juan de Aldana. Leyendo esta resolución conocemos que, además de las 250 pesetas, o mil reales, a los que se hizo referencia desde las primeras noticias, fueron condenados Núñez y Losada por el robo de una cantidad de vino tasada en una peseta y veinticinco céntimos, y una botella de aguardiente valorada en una peseta y sesenta céntimos (me asalta la duda de si estas bebidas fueron las que consumieron los autores en la casa o si se las llevaron en sus envases y no “puestas”). Y comprobamos el buen trabajo de los defensores porque plantean atinadas cuestiones procesales  y otras  que se refieren a la misma configuración del delito de robo con homicidio. En primer lugar, se trae a colación la denegación de la petición de una información suplementaria, una ampliación de la instrucción consecuencia de la constancia de la participación de personas que no habían sido identificadas, que fue denegada en el juicio  y respecto a la que el Tribunal Supremo afirma que se trata de una facultad del Tribunal que ha de ejercitarse conforme a su prudente arbitrio, por lo que su denegación no puede fundar el recurso de casación. El presidente del Tribunal impidió que el defensor de Pedro Núñez mostrase una corbata al testigo Cesáreo González; se confirma su criterio porque no se trataba de una pieza de convicción unida a la causa y porque en ese momento la facultad de ampliar los medios de prueba es discrecional. Tampoco se tiene en cuenta para tipificar el delito de robo con homicidio que la muerte preceda o subsiga al robo porque, dada su especial complejidad, no es posible tal distinción.

La defensa de Losada adujo error en el veredicto porque se consideró probado que los autores fueron más de tres pero se condenó solamente a dos personas. El Tribunal Supremo sostiene que tal circunstancia no supone error manifiesto  porque “el reconocimiento de la inocencia de alguno de los que se hallen sujetos al procedimiento no afecta de modo necesario al número de los que en realidad pudieran concurrir a la ejecución del hecho perseguido”. Sin embargo, sí reconoce que debieron formularse preguntas separadas para cada procesado respecto al apoderamiento de las doscientas cincuenta pesetas, cosa que no se hizo, pese a lo cual considera que “tal defecto carece de trascendencia”.

Por último, se descarta la aplicación de la atenuante de falta de intención de producir un mal tan grave y, apreciándose por el contrario, las agravantes de despoblado, cuadrilla, uso de disfraz y nocturnidad, ello “obliga a imponer en su grado máximo la pena señalada al mencionado delito”.

Aparentemente, ya solamente quedaba el cumplimiento de la pena de muerte.  La máxima pena estuvo vigente en España hasta su abolición por la IIª república  en 1932, aunque restaurada  en 1934 para delitos graves contra el orden público. Como es de suponer, los vencedores de la Guerra Civil se apresuraron  a  aplicarla. Tomo una frase del preámbulo del Decreto-Ley publicado en el Boletín Oficial del Estado del 7 de julio de 1938: <<Por un sentimentalismo de notoria falsía y que no se compagina con la seriedad de un Estado fuerte y justiciero, fue cercenada la “Escala general de penas”, eliminándose de ella en el Código penal de la nefasta República, la de muerte>>. La Constitución de 1978 volvió a derogarla, sin perjuicio de lo que dispusiese el Código de Justicia Militar para tiempos de guerra. A los pocos años también lo fue en ese ámbito.

Sin embargo, comenzó entonces una intensa campaña a favor del indulto de los que ya entonces eran conocidos por los Reos de Rugando, aunque ninguno de los dos fuese quirogués, pues de Pedro Núñez sabemos ya que era vecino de la comarca de Valdeorras, y aunque desconocemos la vecindad de  Manuel Losada, en la prensa se menciona que su domicilio distaba siete leguas de la herrería (aproximadamente 38 kilómetros).  Sea por su propia iniciativa (ignoro si eran analfabetos) o porque así se lo indicasen sus letrados, lo cierto es que remitieron una carta al director de El Regional  en la que “sabedores del grande interés que la prensa lucense tomó en alcanzar el perdón de la pena referida para estos dos desgraciados le suplicamos, señor Director, por caridad ponga los medios posibles en favor de estos dos que no dejan un momento de gemir  al ver que se acerca la hora en que tienen que pagar un crimen  que no cometieron, como la Divina Providencia lo sabe”.

Aureliano J. Pereira

El Regional fue dirigido por Aureliano Pereira, periodista de amplio recorrido profesional, relacionado con el regionalismo y el federalismo republicano que, precisamente, falleció el 31 de octubre de 1906.

La respuesta del diario  no se hizo esperar, entre los días 18 y 26 de octubre de 1906 publicaron una serie de cinco artículos cuyo título me he permitido recuperar para esta entrada: “El patíbulo en Lugo. El crimen de Rugando”. Comienza recordando que desde hace cuatro años no se ejecutaba la pena capital en Lugo y continúa poniendo de manifiesto circunstancias que ya han sido objeto de comentario: la desastrosa instrucción del sumario, durante la que se acumularon presos que posteriormente quedaron en libertad, en lo que más parecía un intento de limpiar la comarca de los maleantes que venían actuando en ella; y la escasez de pruebas contra los reos, con especial referencia a la corbata  cuya propiedad se atribuyó a Pedro Núñez y en  la delación que realizó uno de los detenidos sobre la intención de Manuel Losada de robar en la herrería  unos años antes.

Califica de irreflexiva la decisión del jurado y  a éste de impresionable,  y señala la ausencia de motivación de su veredicto, pese a que el resultado fue de siete a cinco, llegando a hablar sin reparos de un error judicial que debe ser reparado. Aporta el autor datos que hasta el momento desconocíamos, como que la esposa de Núñez declaró que la noche de los hechos su marido llegó cansado a casa y se echó a dormir, cosa que comunicó ella misma al patrón que lo había mandado a buscar jornaleros y que, dada la distancia entre Rugando y el domicilio de  Losada era prácticamente imposible que hubiese podido ir y volver en una misma noche. De este último pone de relieve que permaneciese siete meses sin alterar su conducta, cuando otros implicados que habían sido detenidos con anterioridad habían huido al extranjero tras ser puestos en libertad, hasta que fue detenido precisamente por la declaración de uno de ellos. Se detiene especialmente en Raposo, al que la Guardia Civil puso a disposición del juez de Quiroga como uno de los cinco que cometieron los hechos y miembro de una cuadrilla  que vagaba por los montes de Quiroga y Caurel,  en paradero desconocido desde su puesta en libertad, acaso en virtud de una coartada hábilmente preparada.

Pero no se detiene ahí el autor de los artículos, pues pone en duda la herida sufrida por el sobrino de la víctima, ciertamente leve pese a ser alcanzado en una zona vital por un disparo cuya bala apareció debajo de una cama; y no solamente eso, sino el comportamiento de los criados de la casa, un total de cinco, que no hicieron frente a los asaltantes y se dejaron maniatar con ataduras  de las que pudieron fácilmente  zafarse cuando ya los ladrones se habían marchado, tras lo cual, al parecer, no hicieron ninguna averiguación para saber por dónde habían huido.  Y trae a colación que, según el sumario, uno de ellos, llamado Domingo López había sido visto la noche anterior al crimen en una pradera próxima a la casa hablando con unos desconocidos.

En fin, una y otra vez,  incide en la contradicción que supone que sean condenados dos por algo cometido por cinco,  máxime, cuando  las pruebas obtenidas contra ellos eran tan endebles.

Esta campaña alcanzó gran eco en los periódicos, especialmente, en El Norte de Galicia, pero también en otros como La Voz de Galicia, La Voz de Mondoñedo,  La Idea Moderna  y los madrileños El Imparcial, El País, El Liberal, El Diario Universal y El heraldo. He de confesar que mi interés por el asunto se inició con la lectura en el libro “O primeiro Antón Villar Ponte”  de Emilio Xosé Insua López y Carlos Nuevo Cal, de la reseña de un artículo publicado en El Vivariense el 30 de octubre de 1906 en apoyo de la campaña iniciada por El Regional. El que había de ser parte fundamental de la iniciación y desarrollo de las “Irmandades da Fala” calificaba a la pena de muerte como absurda, horrible, cruel e inhumana y criticaba  que quienes profesaban “el amplio credo de la crucifixión” la amparasen de algún modo, por lo que se pronunciaba abiertamente por su abolición.

Antón Villar Ponte

Mientras esto sucedía, los letrados señores Tella y Varela, llevaron a cabo gestiones  de las que dio cuenta la prensa de la época. Además de dirigir una instancia del Ministro de Gracia y Justicia pidiendo el indulto (a este respecto se menciona también al abogado de Madrid señor Álvarez de Mon), La Correspondencia Gallega del 27 de octubre de 1906 publica  sus visitas a los señores Obispo, Alcalde, Vicepresidente de la Comisión Provincial y presidente de la Cámara de Comercio. Éste último, el señor Tato, se dirigió al Ministro en los siguientes términos: “La opinión pública, señor, cree fundadamente existir error judicial, y ante esto, clama la vindicta pública conmiseración para esos desgraciados”. Tras pedir al Consejo de Ministros que se revisase el caso o, al menos, se mitigase la pena, añade: “A VE recurrimos hoy en demanda  de caridad para el que sufre bajo la duda y de conmiseración para los desgraciados que ven que el peso de la ley se cierne sobre sus atribuladas conciencias”. Hay noticia del telegrama enviado por el Alcalde de Lugo por la contestación al mismo que  menciona La Correspondencia Gallega del 10 de noviembre de 1906, y El Norte de Galicia del 26 de octubre de 1906 recoge gestiones similares del Vicepresidente de la Comisión Provincial. La Correspondencia Gallega,  en su número del día 2 de noviembre, anunciaba que el ministro había ofrecido aconsejar al Rey Alfonso el indulto de los reos del crimen de la herrería de Rugando.

Tal era la expectativa sobre el indulto en la ciudad de Lugo que algún diario se adelantó a anunciarlo, teniendo después que desmentirlo (El Norte de Galicia, 2 de noviembre de 1906): “Desgraciadamente no se confirmó la noticia sobre el indulto de los reos de Rugando que nos trasladó por telégrafo nuestro corresponsal de Madrid”.

En la Gaceta de Madrid del día 30 de marzo de 1907 se anuncia un concurso de ascenso en escuelas de niños  y párvulos por el que sabemos que un maestro de primera enseñanza  de localidades como Torroella de Montgrí, Ulldecona, Palafrugell, Sitges, Tordera, Arbucias   y otras ganaba 1.100 pesetas al año, dato que se aporta, lo mismo que el  de la gratificación por la muerte del burro mencionada antes, para situar la importancia del robo que nos ocupa. Pero  no era ese concurso convocado por la Universidad Literaria de Barcelona el que motivó que buscase el número del periódico oficial, sino los Reales Decretos en los que el Rey Alfonso XIII (sí, el mismo del accidente de tráfico) ejercía, de conformidad con la ley de 18 de junio de 1870  y con ocasión “del Augusto Misterio de la Redención del género humano”, la gracia de indulto en favor, entre otros, de Pedro Núñez y Manuel Losada quien, curiosamente, compartía apellido con el Ministro de Gracia y Justicia: Juan Armada Losada (1861-1932),  marqués de Figueroa que era de familia gallega y ejerció varios cargos  en los gobiernos de Maura, destacando los de ministro de Fomento y  el  que motiva su aparición en este relato. Se dedicó al periodismo y publicó varias novelas que no puedo juzgar por falta de conocimiento de las mismas.

Juan Armada y Losada

Resulta obvio decir que la noticia fue bien recibida en la ciudad de Lugo y la satisfacción de El Regional al hacerse eco de ella. Mas no olvidemos que no se había accedido a la revisión del caso y que la pena de muerte se conmutaba  por cadena perpetua. Por eso, la noticia publicada en La Gaceta de Galicia del 12 de agosto de 1907 me deja un sabor amargo: “Conducidos por la benemérita salieron de Lugo para Santander los dos autores del crimen de Rugando, que habían sido condenados a muerte,  Manuel Rodríguez Losada y Pedro Núñez Varela. Sufrirán la pena de cadena perpetua  en el presidio de Santoña”.  

A partir de ese momento no he encontrado datos sobre los reos de Rugando, cuyas figuras, lo mismo que los personajes de la estupenda novela de Antonio Muñoz Molina, se pierden en la noche de los tiempos. 

No quiero imaginar el porvenir que esperaba a los seis hijos de Manuel Losada.